El equipo técnico de la CAR entregó concepto negativo frente a la solicitud de sustracción que hizo el Distrito, para poder construir tres vías. Si no se aprueba la petición, insistir o no será tarea de la alcaldesa Claudia López.
Transcurridos 18 meses desde que se inició el trámite y después del ultimátum que le dio en octubre el Tribunal de Cundinamarca, el equipo técnico de la CAR emitió concepto negativo a la petición que hizo el Distrito de sustraer una parte de la reserva Van der Hammen, para construir la extensión de tres vías en la zona de protección: la avenida Boyacá, la 9ª y la vía Cota-Suba.
Ahora está en manos del consejo directivo de la entidad analizar el pronunciamiento de los expertos (que no es vinculante) y tomar una decisión de fondo. De avalarlo, se rechazaría la petición de la administración, dejando a la alcaldesa electa, Claudia López, la tarea de definir si insiste en ella o no.
La expectativa en el Palacio Liévano alrededor de la decisión ahora es mayúscula, pues desde que comenzó esta alcaldía ha insistido en la importancia de estas vías para tener una nueva ruta de acceso en el norte. Tanto es así, que para facilitar el trámite desistió hace unos meses de su intención de construir otras nueve vías que eran parte del proyecto.
Según Néstor Franco, director de la CAR, no cabe duda de que la ciudad debe resolver el problema que día a día sufren los bogotanos y las personas que llegan a la ciudad de los municipios aledaños.
“Ampliar la vía Cota-Suba y la avenida Boyacá se convierte en una muy buena fórmula para descongestionar el occidente, pero también es claro que mientras no esté la totalidad de los elementos ambientales que den la seguridad técnica y jurídica, no se puede emitir un concepto favorable”.
El concepto
Un equipo de 23 expertos conformaron el equipo interdisciplinario que estudió cinco aspectos de la solicitud, a la luz de lo dispuesto por el Ministerio de Ambiente para este tipo de peticiones. Al final concluyeron que en los estudios que anexó la Alcaldía faltó información y que se deben ajustar algunos puntos, como los lugares de afectación directa e indirecta que generarían las nuevas vías.
Uno de los puntos más destacados fue el tema de la participación ciudadana. Según Martha Carrillo, directora de Cultura y Servicio al Ciudadano de la CAR, “no se entregaron evidencias suficientes de un ejercicio de socialización, en los términos que dicta la norma”.
En cuanto al tema jurídico, el informe resalta que el Distrito no entregó la información que se solicitó de la avenida Boyacá y la 9ª, por lo que no fue posible su estudio. De otro lado, no se tramitó, simultáneamente con el proceso de sustracción, la licencia ambiental para la construcción de una de las vías ante el Minambiente.
Con respecto al POT (Plan de Ordenamiento Territorial) vigente, en la definición de las áreas de influencia directa e indirecta se dejaron de lado ecosistemas importantes, como los humedales de La Conejera y el Guaymaral, que se verían afectados por las obras en las zonas aledañas.
A esto se suma un posible error cometido cuando disminuyeron las pretensiones de su solicitud. Según el informe, faltaron análisis de la parte biótica, pues los estudios que entregaron no incluían “un análisis de las afectaciones en los servicios ecosistémicos, aguas subterráneas, aguas superficiales, pérdida de la vocación agroforestal del suelo, calidad del aire y ruido”.
Por último, se resalta que el Distrito presentó las mismas áreas de compensación que propuso para la construcción en Lagos de Torca, por lo que le pide que “los predios que sean puestos para la compra y restauración, como medidas de compensación de esta sustracción, deben estar localizados prioritariamente en la reserva, para la restauración en áreas degradadas que sean parte o colinden con el bosque de Las Lechuzas, Las Mercedes y el humedal El Conejito”.
