Así lo muestra un estudio de la Contraloría, que también concluyó que, al finalizar 2019, había un total de activos por $2,26 billones para el pago de acreencias.
Liquidar un entidad estatal en Colombia tarda en promedio 20 años. Así lo asegura la Contraloría General de la República (CGR), que concluyó un estudio orientado a analizar el estado de los recursos públicos de las entidades en liquidación con corte a diciembre de 2019.
Otra de las conclusiones del informe es que, al finalizar 2019, había un total de activos por $2,26 billones para el pago de acreencias.
El tiempo que están tardando las liquidaciones, para el organismo de control, “podría estar afectando el cumplimiento de los objetivos propuestos en estos procesos, ocasionando un incremento en los costos asociados a los mismos y demoras en el pago de las acreencias”.
Asimismo, “también son largos tiempos que se toman los liquidadores para finiquitar el proceso liquidatario correspondiente, lo que lleva a que la duración total de los mismos supere, en algunos casos, los 20 años”.
La Contraloría destacó el caso de la Caja Agraria, cuyo proceso liquidatario supera los 27 años.
El ente de control también resaltó que existen 51 negocios fiduciarios que administran recursos de entidades públicas en liquidación, con recursos totales de $1,64 billones, “que pueden convertirse en fuentes de liquidez para atender sus pasivos o acreencias del orden de $690.475 millones”.
De los 51 negocios mencionados, el 82,35% (42) son administrados por las tres fiduciarias públicas: Fiduprevisora, Fiduagraria y Fiducóldex. Asimismo, se evidenció que dos presentan patrimonios negativos: Incoder (-$4.800 millones) y Electrificadora de Bolívar S.A. E.S.P. (-3.791 millones).
Para la Contraloría, “la presencia de estos patrimonios negativos en las entidades en liquidación, cuyas acreencias laborales e indemnizaciones deban ser respaldadas según los decretos de liquidación con recursos del Presupuesto General de la Nacional, como es el caso de Incoder y de la Electrificadora de Bolívar, podría tener un efecto negativo en las finanzas públicas”.
Lo anterior tiene que ver con el Gobierno “debe tomar recursos de otras fuentes de financiamiento, afectando el equilibrio presupuestal de los rubros inicialmente apropiados en la ley de presupuesto de la vigencia fiscal”.
Por otro lado, se evidenció que son 19 las entidades cuyos procesos liquidatarios se efectúan directamente a través de agentes liquidadores. Entre estas, Saludcoop E.P.S. tiene un patrimonio negativo de -$2,63 billones, lo cual significa que no cuenta con los suficientes activos para cubrir sus obligaciones.
“La revisión realizada a través del aplicativo SIRECI de la CGR, en donde se registra la información de la rendición de la cuenta fiscal de todos los sujetos de control, mostró que sólo existe información financiera de 9 de esas 19 entidades, correspondiente a los años 2010, 2015, 2016 y 2018. Tal situación evidencia el incumplimiento constante por parte de estas entidades en liquidación, de rendir a tiempo la información financiera y de gestión a la CGR”, explicó la Contraloría.
Finalmente, el ente concluye que el estudio “reafirma además la situación evidenciada por la Contraloría en un estudio anterior, en el sentido que no existe una normativa unificada, ni un seguimiento estricto a la gestión de estos patrimonios, lo que explicaría en buena medida sus continuas prórrogas”.
