Así lo dice la CCI. Además resalta que iniciar con la estructuración de esta nueva generación de autopistas es un paso que se debe dar.
Aún no se han terminado de ‘destrabar’ los proyectos de las vías 4G en Colombia y el Gobierno ya está hablando de sacar una nueva generación de autopistas.
Si bien este tema ya se había tocado en el país, es la primera vez que el anuncio se hace por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), bajo la dirección de su nuevo presidente, Manuel Felipe Gutiérrez.
En línea con lo anterior, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), habló con este diario sobre el tema y, además, mencionó algunas de las peticiones que tienen como gremio para el Gobierno.
¿Qué opina de iniciar con las 5G? ¿Qué proyectos deberían ir ahí?
Iniciar con las 5G es un paso en la dirección correcta, por cuanto el país necesita obras prioritarias tales como la doble calzada del corredor Bogotá – Buenaventura, completar los tramos faltantes en doble calzada de la vía a la costa Atlántica, el corredor Pasto – Popayán, la vía Zipaquirá – Barbosa – Bucaramanga en doble calzada, el primer tercio de la vía Bogotá – Villavicencio en doble calzada y el tramo Medellín – Turbo, entre otros.
¿Qué se debe tener en cuenta en estos?
Es importante que la estructuración de los contratos 5G esté precedida de una revisión minuciosa de los riesgos y su asignación, así como de las condiciones contractuales.
Sin duda, lo más relevante es la obtención de los recursos que estos proyectos demandan, y para ello, es clave evaluar la posibilidad de enajenar algunos activos que hoy tiene la Nación.
En esto último, ¿hay alguna petición concreta para el Gobierno?
Sí, evaluar la posibilidad de sustituir activos por otros, es parte fundamental de las peticiones del gremio al Gobierno.
Se trata de enajenar algunas participaciones del Estado en empresas públicas para invertir estos recursos en obras estratégicas para la competitividad del país, como es el caso de la terminación de los corredores de comercio exterior.
¿En qué se apalancan para dicha petición?
Las cifras recientes reportadas por el Dane demuestran que el sector infraestructura es un jalonador de la economía nacional. En el tercer trimestre del año, las obras civiles crecieron en un 13%.
Por lo anterior, la inversión pública en infraestructura genera crecimiento económico y promueve la prosperidad general.
¿Qué se debería hacer para impulsar la infraestructura en el país?
Es importante que en las regiones los mandatarios locales vuelquen su mirada hacia la infraestructura, representada en las vías terciarias tan necesarias para la conectividad local.
Para el próximo año se cuenta con aproximadamente 10 billones de pesos en regalías que bien podrían invertirse en este tipo de obras.
¿Cree que lo que se ha logrado hasta el momento es suficiente?
Falta aún mucho camino por recorrer en materia de infraestructura, pero creemos que la hoja de ruta está marcada y es el Plan Maestro de Transporte Intermodal. También es fundamental que la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte entre a funcionar lo más pronto posible.
¿En qué se ha avanzado?
En materia aeroportuaria con ampliaciones y modernizaciones realizadas por los concesionarios. En materia fluvial y marítima, aplaudimos y acompañamos el anuncio de la Ministra de Transporte en el sentido que en los próximos meses se contratará la APP para la navegabilidad del río Magdalena.
La expedición del documento Conpes de expansión portuaria también es prioritario para la actividad de este sector.
¿Cuál es el balance del desarrollo de la infraestructura del país este año?
Es bueno, con las 4G tenemos 22 concesiones viales en fase de construcción, 17 de ellas con financiación asegurada; $8 billones aportados por el sector privado para apalancar financieramente estos proyectos y cientos de kilómetros rehabilitados, mejorados y construidos. Este programa ha generado más de 60.000 empleos directos a lo largo y ancho del país y ha estimulado la economía regional.
¿En qué habría que hacer ‘push’?
Hay que hacer ‘push’ en las iniciativas privadas que ha presentado el sector privado para aumentar la capacidad instalada de los aeropuertos de las principales ciudades, incluyendo Bogotá. Estas obras no dan espera; el aumento de la demanda de pasajeros es cada vez mayor. La ANI y la Aerocivil están estudiando seis iniciativas privadas cuya definición es primordial para la competitividad del país.
¿Cree que con la reforma a la ley de las APP es suficiente en materia regulatoria?
Es importante revisar el concepto de unidad funcional, es decir, la proporción de infraestructura construida que hace parte de la totalidad de un proyecto.
Este concepto resulta adecuado para la construcción de carreteras, pero puede generar restricciones en los flujos de caja de proyectos aeroportuarios o férreos.
Las leyes 1508 de 2012 y 1882 de 2018 son un gran avance en materia de asignación eficiente de riesgos y pago condicionado al cumplimiento de niveles de servicio, sin embargo, es conveniente hacer más flexibles algunos aspectos como el monto mínimo de las unidades funcionales y su definición en la construcción de aeropuertos y sistemas ferroviarios tipo metro.
¿Cuáles son los temas que quiere poner sobre la mesa durante el Congreso de la CCI?
Nuestra propuesta es invitar al Gobierno a un gran pacto por la infraestructura, que incluya una política pública para las pequeñas y medianas empresas del sector, el mejoramiento de la gestión contractual del programa 4G, el impulso del intermodalismo y velar por la vigencia e implementación de los documentos tipo para la contratación de obras públicas.
