El fallo se aplicará desde el primero de enero de 2020, además obliga a que el Gobierno tenga que presentar una tributaria exprés
El Gobierno llevaba varias semanas en vilo con las demandas que recibió la Ley de Financiamiento, su principal herramienta para lograr cerca de $7 billones para el Presupuesto General de la Nación. Ayer, finalmente, los magistrados de la Corte Constitucional determinaron la inexequibilidad de la norma a partir de 2020. Esta es la primera vez que el alto tribunal tumba una tributaria, teniendo en cuenta que cada dos años en promedio se presenta un proyecto de ley de este tipo.
Sin embargo, pese a la decisión, para las calificadoras de riesgo no es tan catastrófica la determinación que tomó el alto tribunal. En una entrevista concedida a LR, Richard Francis, director de calificaciones soberanas de Fitch Ratings, antes de que se conociera el fallo, aseguró que de tumbarse la Ley, tal como sucedió, el panorama no era tan catastrófico.
“Para mí no es tan catastrófico, el Gobierno ha dicho y estoy de acuerdo en que la Ley de Financiamiento ayudará con la inversión y con el crecimiento, pero no pensamos que va a tener un impacto tan dramático”, aseguró Francis. Además, le bajó el tono al cálculo del Gobierno cuando dijo que costaría 1,5 puntos del PIB de crecimiento la inexequibilidad de la norma.
Para el analista de Fitch Ratings, con la caída de la Ley, no cree que haya “algo tan drástico de 1,5 puntos del PIB, es demasiado. Probablemente, no tengo una figura exacta, pero imagino que es algo como 0,2 puntos, no sería tan dramático y probablemente el Gobierno va a pensar en una nueva reforma”.
Francis aseguró que pese a que sí se puede generar incertidumbre entre los inversionistas, desde la calificadora nunca fueron positivos con la aprobación de esta Ley.
“La Ley fue algo más o menos neutro, la incertidumbre que va a surgir si cae la ley sería algo negativo pero tal vez no tan dramático porque recuerde que en comparación a muchos países de América Latina, Colombia está bien, hay más incertidumbre en México, allí con el cambio de Gobierno, así que Colombia está mejor ahora; si se piensa en comparación a la región no es tan negativo”, insistió el analista, cuya calificadora tiene una nota de BBB con perspectiva negativa para el país.
Según Francis, la caída de la ley, “no va a ayudar ni va a perjudicar” a la calificación soberana. “Por el lado fiscal hemos visto a la Ley de Financiamiento como algo positivo este año, pero desde 2020 en adelante como algo neutro, porque sería una pérdida de ingresos, así que la Ley de Financiamiento no fue algo importante en el sentido de ingresos”, agregó.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo ayer que está absolutamente seguro que van a “encontrar la manera de volver a la sostenibilidad de las finanzas públicas, porque es un serio golpe a la credibilidad, a la política económica esta decisión”. Carrasquilla agregó que, aunque aún debe leer la sentencia, los siguientes movimientos se harán con “cuidado, con respeto y también con voluntad de solucionar los posibles problemas que nos haya creado, es muy infortunado que haya sucedido”.
La decisión de la corte
El hundimiento de la iniciativa se conoció luego de que en las votaciones seis magistrados se inclinaran por el fallo en contra, y solo tres a favor. El argumento principal fue que en el momento en el que la Cámara de Representantes votó la ley el año pasado no conocía los cambios que se hicieron en el Senado.
“El vicio es insubsanable, una vez adoptada la decisión de la inexiquibilidad se determinó la necesidad de modular sus efectos, la decisión será a partir del primero de enero de 2020 puesto que sino ocasionaría un vacío en el recaudo para este año”, afirmó la presidenta de la Corte, Gloria Stella Ortiz.
En el pronunciamiento, el alto tribunal deja la puerta abierta para que el Congreso, dentro de su potesta, expida un régimen que ratifique, derogue o modifique los artículos contenidos en la Ley de Financiamiento. Es decir, que el Legislativo tendría estos dos meses y medio que quedan para tramitar un proyecto que reeemplace los artículos que se cayeron.
“Ante la decisión de la Corte de declarar inexequible la Ley hacemos un llamado al Congreso y al Gobierno a tramitar en forma expedita las normas que permitan reemplazar las que perderían vigencia buscando estabilidad jurídica efectiva para la inversión”, aseguró el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.
En la comunicación de la decisión, Ortiz explicó que “la Sala Plena concluyó que asiste razón a los demandantes, en la medida en que la proposición con la que finalizó el debate en la plenaria de la Cámara de Representantes se planteó de manera incompleta, dado que no incluyó el texto sometido a consideración de los representantes, y no cumplió con la publicidad necesaria para que el Legislador emitiera su consentimiento en la aprobación de una ley de alto contenido tributario, que requiere amplias garantías democráticas (…) Así mismo, la corporación consideró que el hecho de que la Cámara de Representantes se haya remitido a lo decidido por el Senado sin conocer previamente lo aprobado por este, constituyó una elusión del debate”.
Gustavo Cote, exdirector de la Dian, explicó que a partir de ahora, el Gobierno tendrá hasta el 31 de diciembre para presentar una nueva reforma tributaria pues de lo contrario ninguno de los impuestos que se aprobaron podrían regir a partir de 2020. “Los efectos que operan a partir del 1 de enero, todo lo que se adoptó en la reforma para 2019 sigue vigente, sin embargo sino se plantea otra tributaria en estos meses todo se caería. Esta nueva tributaria se debería discutir en el Congreso en lo que resta de año. Si el Congreso no aprueba una ley tendrá que hacerse el año entrante, y en 2020 estaríamos en la misma situacion de finanzas públicas que hace un año”.
Las cuentas de los gremios
Pese a que el impacto en la confianza inversionista fue catalogada como catastrófico por algunos gremios, lo cierto es que el próximo año el recaudo aumentará sin la Ley.
Según la Andi, inicialmente, el efecto neto de la caída de la Ley es un aumento en el recaudo en renta de $4,9 billones para 2020. “En total para 2020, estimamos que el recaudo en renta pasaría de los $69,7 billones esperados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo con Ley de Financiamiento, a $74,7 billones sin Ley”, dice el concepto que le presentó la Andi a la Corte. Pese a esto, el impacto total para el gremio es una caída de $1,6 billones en el recaudo tributario de 2020 situándolo en $156,9 billones.
Según Fedesarrollo, a partir de datos del Ministerio de Hacienda, las proyecciones eran que la Ley iba a reducir el recaudo tributario en $5,9 billones para 2020; $7,5 billones para 2021; y $11,3 billones para 2022 puesto que a partir de 2020 se tenía previsto que entrarán beneficios para las empresas como el descuento de IVA (100%) por adquisición de bienes de capital contra impuesto de renta.
Preocupación empresarial por la tasa efectiva de tributación
Uno de los argumentos del Ministerio de Hacienda eran los beneficios que tendrían las empresas al reducírseles los impuestos. Según las cuentas del Ministerio, la Tasa Efectiva de Tributación Empresarial sobre el total de los impuestos pagados (% de las utilidades), quedaría sin la Ley de Financiamiento en 71,9%, la más alta si se compara a nivel regional con países como Brasil donde es de 65,1%. Con la Ley de Financiamiento activa, el Gobierno también explicó que sería de 54,6%, aún encima de los países de la región.
