Llamado de calificadoras, empresarios y exmiembros de junta a preservar la independencia.
A la espera de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, nombre al nuevo gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), las secuelas del pulso tras la reciente salida del gerente de la empresa siguen afectando la forma en que esta, la segunda empresa pública más grande del país, es vista por inversionistas, los mercados y las calificadoras de riesgo.
Y no es para menos, porque en medio está en juego el acatamiento, por parte de los actores relacionados con los destinos de la compañía, de su esquema de gobierno corporativo, una carta de navegación para la toma de decisiones en miles de empresas en el mundo, y que en el caso de EPM ha tenido claras fracturas.
Y aunque la junta directiva actual, nombrada por Quintero, dijo que la selección del reemplazo del gerente se hará “con observancia del Gobierno Corporativo”, tanto miembros de la junta anterior que renunció como líderes empresariales ratifican sus preocupaciones porque dichas grietas sigan abiertas, en perjuicio de la empresa.
Esta semana algunos exmiembros de junta, entre ellos Javier Gutiérrez, Carlos Raúl Yepes y Claudia Jiménez, señalaron que son tangibles las consecuencias del “ataque inclemente a los cimientos del gobierno corporativo de EPM”.
Y citan, por ejemplo, las advertencias de las calificadoras de riesgo, la incertidumbre frente al sistema financiero nacional e internacional y la alta tensión entre los colaboradores, generando un desgaste en la confianza y reputación corporativa.
Por ello, plantean un debate amplio para adoptar medidas que permitan preservar el cumplimiento del acuerdo de gobernabilidad, ya que de no controlar los riesgos generados puede haber situaciones peores a nivel financiero y corporativo.
La calificadora Fitch Ratings indicó que su expectativa es que sus propietarios mantendrán la independencia al nombrar una junta directiva independiente y equipos gerenciales técnicamente competentes para la relevancia de sus cargos, haciendo énfasis en el perfil crediticio individual más que en el vínculo con el municipio.
Y al tratarse de una combinación en la que decisiones alrededor del proyecto Hidroituango inciden en el futuro de esta central de generación, los exmiembros de junta se preguntan cuál es la estabilidad que ofrece la compañía hoy a sus clientes y socios en este y otros proyectos, si se va a retrasar su entrada en operación o cómo reaccionarán calificadoras y acreedores al ignorar las pautas básicas del gobierno corporativo.
¿Qué pasa adentro?
Azucena Restrepo, presidenta ejecutiva de Proantioquia, recordó que además de las decisiones sobre Hidroituango no consultadas a la junta, el gobierno corporativo de EPM se vio afectado primero por el intento de cambiar el objeto social de la empresa y por la intención de la Alcaldía de Medellín de no respetar la autonomía gerencial y el talento humano de la empresa.
La directiva precisó que la entidad no se ha referido a la demanda a los contratistas, porque eso es responsabilidad de la gerencia y de la junta.
“Hemos insistido en que los debates jurídicos alrededor del proyecto no pueden causar el aplazamiento de la entrada en operación de las unidades de generación, porque de esto dependen la seguridad energética del país y la estabilidad financiera de EPM”, advirtió.
Pero agregó que la inestabilidad institucional producto de los cambios en la gerencia (3 gerentes en 14 meses), la alta rotación de personal en vicepresidencias y los rumores de presiones para la contratación de personal no cualificado y sin rigor técnico, generan desconfianza.
“Las aparentes presiones de la Alcaldía para incidir en los perfiles en la compañía, o sus subsidiarias, van en contra de los procesos establecidos por EPM para atraer el mejor talento humano posible a través de procesos de selección establecidos”, señala Restrepo.
Y agregó que si las calificadoras siguen percibiendo menos autonomía gerencial en EPM, la pérdida del grado de inversión sigue constituyendo un riesgo, porque si la calificación de deuda pasa de BBB- a BB (bono basura o de alto rendimiento), “es como si un equipo de fútbol pasara de primera a segunda división”.
Si bien el término ‘basura’ es una expresión bursátil, Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa, explica que ello refleja que la probabilidad de impago es alta. También se le llama grado especulativo, lo que eleva el costo de la deuda.
Para Proantioquia, lo único que garantizaría que las decisiones tomadas bajo el gobierno corporativo están en línea con la preservación del patrimonio público es que el Alcalde cumpla con el acuerdo de gobernabilidad, “porque de lo contrario su arbitrariedad y desconocimiento es lo que precisamente pone en riesgo el patrimonio público”.
Plantean blindar el esquema
Teniendo en cuenta lo que está pasando, Azucena Restrepo, presidenta ejecutiva de Proantioquia, cree que se deben revisar y modificar las leyes, acuerdos y normas que establezcan y refuercen la idoneidad e independencia del gerente de EPM frente al curso de la empresa.
“Esto puede hacerse estableciendo pesos y contrapesos en la forma como se nombra la junta directiva. Un mecanismo sería que el alcalde nombre solo 2 de los 7 miembros de junta por un periodo de 8 años”, indicó al señalar que así la junta no sería enteramente de la confianza de un solo alcalde.
Se trata de hacer que el gobierno corporativo de EPM sea cada vez más parecido al de los lineamientos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) define para empresas de propiedad pública.
Los exmiembros de la junta señalan que se trata de un asunto de interés nacional y es urgente convocar a una discusión sincera y amplia para encontrar soluciones definitivas, corporativas y técnicas, por fuera del fragor político.
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